sábado, 28 de noviembre de 2015

UNA MIRADA A LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR



DOCUMENTO DE ANÁLISIS
Por:
Consuelo Arnaíz Pedrosa (QEPD)
Bexi Cruz Torrado
Rubiela Valderrama Hoyos

Este documento se construyó por sugerencia de la compañera Consuelo Arnaiz Pedrosa, a quien agradecemos su permanente disposición, apoyo y amor a la causa de las mujeres de Cartagena y Bolívar. Consuelo Arnaíz, no está  físicamente con nosotras, pero su pensamiento siempre nos acompañará, por eso le dedicamos esta publicación.

Cartagena de indias, 25 de Noviembre de 2015 .









ÍNDICE

Ø  La Mesa del Movimiento Social

Ø  Las Autoras
Ø  Introducción

I. LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO Y SUS MECANISMOS.
- Consuelo Arnaíz Pedroza (QEPD)

II. ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN CARTAGENA.
- Bexi Cruz Torrado.

III. REFLEXIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LA MESA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
-Rubiela Valderrama Hoyos




  La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar
La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar es un espacio en el que confluyen diversas organizaciones sociales, redes y mujeres independientes que en febrero del año 2007 se unen con el propósito de articular conocimientos, experiencias y saberes en torno a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y visibilizar apuestas políticas en espacios de decisión a nivel distrital y departamental.

Actualmente hacen parte de Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar las siguientes organizaciones:
      Alianza Regional de Mujeres y Calidad de vida.
      Asociación de Mujeres Integradas de las Gaviotas-AMIGA.
      APRODIC
      Asociación de Mujeres Graciela Chaine.
      Asociación Santa Rita para la Educación y la Promoción - FUNSAREP.
      CEMCI
      Colectivo de Abogadas Elenita González.
      Comité Local de Mujeres Afrodescendientes.
      Red de Empoderamiento de  Mujeres de Cartagena y Bolívar
      Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Colombia. Mesa Local DESC
      Mesa de Mujeres Populares de Cartagena y Bolívar- Por otro mundo posible.
      Colectivo de Mujeres Restituyendo Derechos
      Red de Mujeres Montes de María
      Ruta pacifica de Mujeres de Bolívar.
      Suchia
      Mujeres del Congreso de los Pueblos
      Asomacobol




Ø  Las Autoras:
. Consuelo Arnaíz Pedrosa; (QEPD) (19xx – 2015), Feminista, Teóloga, Magíster en Estudios de Género, Coordinadora del Area Mujer y Desarrollo.  Educadora popular, Fundadora de la Asociación Santa Rita para Educación y la Promoción – FUNSAREP e integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres.


. Bexi Cruz Torrado; Feministas, Trabajadora Social, Estudiante de Maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, Docente investigadora Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, integrante de la Liga internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL y de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres.



. Rubiela Valderrama Hoyos; Feminista, Trabajadora Social, Magíster en Estudios de Género, área Mujer y Desarrollo, Socia fundadora de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres.

INTRODUCCIÓN


Rubiela Valderrama Hoyos


La institucionalidad de género en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, ha sido una preocupación constante del Movimiento de Mujeres. En el año 1992 se produce “la primera incidencia directa en el gobierno distrital, logrando más tarde,  la aprobación del acuerdo número 38 de noviembre 29 de 1994, para la creación de la oficina de la mujer”[1]. A partir de este momento las organizaciones de mujeres se fortalecen para trabajar con más certeza la exigibilidad de derechos, la construcción de la política pública de mujeres y sus instancias rectoras.

La primera década del siglo XXI, transcurre sin mayores logros institucionales para las mujeres de Cartagena y Bolívar, pues a los gobiernos de turno no les alcanza la voluntad política para entender la importancia de los derechos humanos de las mujeres, a pesar del contexto favorable que en esta materia venía ocurriendo a nivel internacional con las convenciones y resoluciones de la ONU y de alguna manera a nivel nacional con la formulación de las políticas nacionales de mujeres.

De acuerdo al “Análisis comparativo de propuestas de institucionalización de programas y proyectos dirigidas a las mujeres, según cada administración, en el periodo (1992 – 2003)”[2] , las pocas actividades dirigidas a las mujeres se realizaron desde un enfoque  familista, de bienestar y nunca pensados desde una concepción de derechos, pues a las mujeres las trataban como población vulnerable, los programas entonces estaban dirigidos a capacitarlas en oficios varios y de subsistencia, tampoco hubo presupuestos adecuados y mucho menos institucionalización de un ente rector de políticas y programas.

Independientemente de lo frustrante que era para las activistas del movimiento, el hecho de que los mandatarios locales se hicieran los de la vista gorda con los temas de las mujeres, estas y las organizaciones continuaron el proceso de empoderamiento político, la incidencia en el cabildo distrital y la Asamblea departamental, logrando al menos en lo formal el establecimiento de acuerdos y ordenanzas a favor de una institucionalidad que trabajara de manera directa por los derechos de las mujeres y de manera trasversal por la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación basadas en género.

 Es claro entonces que, aun con toda la fortaleza del movimiento social, la llegada de mandataria/os, (Judith Pinedo y Juan Carlos Gossain) que han posibilitado la formulación de las políticas de mujeres con perspectiva de géneros, no se ha logrado una institucionalidad fuerte que logre desarrollar dichas políticas e impactar positivamente la vida de las mujeres de Cartagena y Bolívar.

Por ello, nosotras desde la Mesa del Movimiento, continuamos aportando ideas, conceptualizaciones y propuestas claras, sobre cómo, desde donde,  con cuanto y con quienes es posible el avance de las mujeres a nivel institucional. Justamente este documento escrito a tres manos, recoge de manera crítica y propositiva  esos elementos.


[1] Valderrama, Rubiela. Hacia una Política Pública de Mujeres con Perspectiva de Géneros. 2008. Pag. 119.
[2] Op.Cit. Pag.123.

I.              LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO Y SUS MECANISMOS.[1]

Consuelo Arnaiz Pedroza

Es importante hacer una breve historia sobre la forma cómo se ha dado la incorporación de la institucionalidad de género en la Agenda internacional y en las agendas institucionales de los países. Eso nos permitirá comprender mejor qué ha sucedido en nuestro propio contexto local.
En general, denominamos “institucionalidad de género” a los mecanismos institucionales, por ejemplo las Oficinas de la Mujer, con estrategias diseñadas para cumplir con el objetivo de alcanzar la igualdad de género. Esto implica la definición de objetivos y metas, acciones y programas, y obviamente asignación de recursos presupuestales adecuados,  y de técnicos y profesionales cualificados. En estos procesos de legitimación, institucionalización y transversalización  de género en las políticas públicas, confluyen diversos escenarios (nacionales, locales, regionales…) actores e instituciones con estrategias de acción orientadas al fortalecimiento de las mujeres como actoras sociales y políticas.
Dos hechos son centrales en la discusión acerca de la institucionalidad de género y  las oficinas de la Mujer en la región durante los años 70, uno, la Declaración de México sobre la Igualdad de Acción de las Mujeres y el Plan de Acción Mundial (1975), y dos, todo el contexto que rodeó la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Precisamente en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, en 1975, se plantea que “el establecimiento de una maquinaria interdisciplinaria y multisectorial dentro del gobierno, tales como Comisiones nacionales, Oficinas de la Mujer y otros cuerpos con un staff y recursos adecuados puede ser una efectiva medida transicional para la aceleración del logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres y su total integración en la vida nacional”.
El surgimiento, a mediados de la década de los años 80 del marco interpretativo llamado Género en el Desarrollo, posibilita mayor claridad no sólo sobre las desiguales relaciones de poder entre los géneros, sino de las estructuras generadoras de desigualdad en los mismos Estados. Es el marco de este enfoque cuando se incorpora plenamente la transversalización del género (gender mainstreaming) en el sector público teniendo en cuenta la formulación de políticas públicas, implementación de programas y entrega de servicios.
La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi en 1985 recomienda, por ejemplo, la conformación de mecanismos en los más altos niveles de gobierno, con recursos apropiados para asesorar y dar seguimiento al impacto de políticas públicas sobre las mujeres. El avance de la mujer, es concebido en esta Tercera Conferencia como el resultado de un trabajo de colaboración entre las Oficinas de la Mujer, Los Ministerios y las Agencias del Gobierno.
Pero es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 la que marca un hito importante en la definición de la institucionalidad de género.
A partir de una evaluación sobre el desarrollo de las Oficinas de la Mujer hasta ese momento, se recomienda que éstas asuman mayor liderazgo en la elaboración de políticas públicas. Los mecanismos de género son concebidos en esta Conferencia como instancias de coordinación de políticas que deben liderar los procesos de transversalización de género. Estos mecanismos deberían estar situados en posiciones jerárquicas de alto nivel y contar con recursos suficientes y autoridad para acceder a los espacios de decisión dentro y fuera del Estado, para incidir en las políticas públicas.
Una mirada a la ciudad de Cartagena. El papel de las mujeres en la construcción de la institucionalidad de género a través de su participación en la formulación de la Política Pública Distrital “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”.
En una sistematización llevada a cabo por diferentes organizaciones de mujeres[2] publicada en el año 2013, se cuenta que la formulación de una política pública de y para las mujeres, fue una buena noticia para las mujeres populares de Cartagena. Ocurrió en el gobierno de una mujer especialmente sensible a las problemáticas de las mujeres, Judit Pinedo Florez, a través de un proceso de permanente diálogo con las organizaciones. Era la culminación de una aspiración largamente acariciada por el Movimiento Social de Mujeres de Cartagena:
“La política pública de mujeres de Cartagena fue un proceso de construcción de las organizaciones de mujeres, teniendo en cuenta las apuestas de nuestras agendas ciudadanas. Se formuló en el año 2008 en el inicio del gobierno de la alcaldesa Judit Pinedo Flórez, ya que ella, como mujer mostró tener mucho interés y voluntad política” (Entrevista a Noris Téllez Campos).
Esto no sucedió de repente,  sino que tiene unos antecedentes.
La participación en los espacios municipales, escenarios privilegiados para el desarrollo local, había permitido a las mujeres cartageneras construirse como “actoras en el desarrollo”, generando mayor empoderamiento en la toma de decisiones y promoviendo la democracia de género, puesto que la perspectiva de género en el desarrollo local busca lograr la equidad entre hombres y mujeres, como fuerzas imprescindibles para la construcción de la sociedad civil. Esta se concibe como un todo (lo económico y lo cultural), que debe incluir explícitamente las acciones para el desarrollo de ambos sexos, teniendo en cuenta que la cultura ha colocado sobre todo a las mujeres en situación de desigualdad. En concreto, en la ciudad de Cartagena, este proceso ha estado lleno de dificultades. Veamos algunos antecedentes.  Rubiela Valderrama[3] hace un interesante recorrido por las distintas administraciones, identificando avances y retrocesos en la incorporación de planes orientados a una mayor equidad entre los géneros.  En el marco de la alcaldía de Guillermo Paniza (1995-1997) por ejemplo, se logra incorporar un presupuesto para programas dirigidos a la mujer, pero esto se hace dentro de un enfoque familista que no genera procesos de empoderamiento. Posteriormente, en la administración de Nicolás Curi (1998-2000), se formulan algunos programas de participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero no se les asigna presupuesto real en el Plan de Desarrollo. Un periodo muy importante fue la alcaldía de Carlos Díaz (2001-2003); el movimiento de mujeres de Cartagena, liderado visiblemente en esta etapa por la Red de Empoderamiento de Mujeres, logra que la política pública para las mujeres se incorpore en el Plan de Desarrollo de acuerdo con los principios de equidad y participación de la mujer, aplicando la Ley 581 del 2000 (ley de Cuotas). Sin embargo, esta política no tuvo desarrollo teórico ni programas específicos, por lo tanto nunca llegó de hecho a implementarse.
Un acontecimiento sin duda importante en este proceso de incorporación de la perspectiva de equidad de género en el desarrollo, y de avances en una institucionalización de género,  fue la firma del “Pacto de Adhesión al Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres” en la administración de Alberto Barboza  (2004–2005) y la expedición del Acuerdo  del  Concejo Distrital de Cartagena (No 008 de Mayo 8 de 2005), que autoriza  la formulación e implementación de  una política pública para las mujeres en el distrito de Cartagena de Indias.
En el año 2008, una vez que el Movimiento “Por una sola Cartagena” liderado por la María Mulata, ha conquistado el poder local en la ciudad de Cartagena,  la alcaldesa promueve decididamente la participación de la ciudadanía en la construcción del Plan de Desarrollo distrital. Las diversas instancias organizativas de las mujeres dedican sus esfuerzos a la incorporación de una política pública de/para las mujeres, con perspectiva de género y enfoque de derechos, en el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena. Para ello, definen colectivamente unas propuestas que posicionan de manera transversal en las diferentes temáticas abordadas (salud, educación, empleo, seguridad, vivienda…) y de manera particular, en la Mesa que trabaja las problemáticas de grupos poblacionales específicos, entre ellas, las de las mujeres, logrando incorporar una propuesta de formulación de política pública para las mujeres en el Plan  de Desarrollo, que contempla las siguientes situaciones insatisfactorias para las mujeres, que limitan sus derechos humanos:
a) La creciente  violencia contra las mujeres en el Distrito de Cartagena.
b) La restricción de los derechos económicos, sociales y culturales a  las mujeres.
c) Las problemáticas asociadas a los Derechos Sexuales y Reproductivos y
d) La insuficiente  participación y representación política de las mujeres.
En esta dinámica de formulación de la política pública de mujeres en Cartagena  hay un proceso estructurado en el que confluyen diferentes instancias y movimientos. Así es narrado por algunas funcionarias de la administración local:
“Una vez organizadas las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo hay incidencia de las mujeres y se involucra el asunto de la formulación de la política pública dentro del mismo; así comienza metodológicamente a estructurarse el proceso para la formulación de la política, en el cual participa la administración distrital con el Movimiento de Mujeres y la asesoría y acompañamiento técnico de la cooperación internacional. Yo creo que la presencia de las mujeres organizadas es una participación positiva; definitivamente la política pública si no tiene la participación y el empoderamiento por parte de la sociedad civil puede terminar en letra muerta. Se destaca fundamentalmente la participación del Movimiento de mujeres en las Mesas previas, incluso a la hora de instalar la línea-base o diagnóstico que se realizó como soporte a la política pública. E incluso en su fase de ejecución a través del seguimiento de manera permanente a los avances de la administración”. (Entrevista a Nubia Chams. Funcionaria pública, secretaria de Participación ciudadana en la etapa de formulación de la Política Pública).
Un importante logro del Movimiento de Mujeres de Cartagena en este proceso fue, sin duda,  captar la sensibilidad y voluntad política de la alcaldesa Judit Pinedo Flórez a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, y establecer con su administración el Pacto “La ciudad que soñamos y queremos las mujeres”, para la construcción de política pública para las mujeres (8 de marzo del 2008), teniendo en cuenta las cuatro problemáticas señaladas.
Es así como el día 9  de marzo del 2009 se promulga en la Plaza de la Aduana, con presencia masiva de las organizaciones de mujeres de Cartagena,  la Política Pública de Mujeres para la Equidad de Género “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”.
Esta política pública afirma claramente un enfoque de derechos: “la política pública de mujeres para la equidad de género se fundamenta en la voluntad política de la administración para dar cumplimiento a una serie de compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres, que se caracterizan en el desarrollo de políticas públicas que reconocen a las mujeres como sujetas de derechos…” (Taller de reconstrucción de la experiencia).    Se sustenta en la normatividad internacional y nacional favorable  a los Derechos de las Mujeres y está orientada a la construcción de mayor autonomía tanto física como política, económica y sociocultural.
En la  formulación de la política pública “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos” hay un claro enfoque mixto, en el que confluyen factores y actores diversos en la toma de una decisión política: la administración distrital, el movimiento social de mujeres y la cooperación internacional -a través de la asesoría técnica- logran a través de un proceso de interacción sacar adelante una política favorable a los derechos de las mujeres.
Es muy importante señalar que en el contexto que da origen a la política pública,  hay un auge significativo de  la participación política de las mujeres organizadas en la ciudad, fruto de la decisión de articulación de las mujeres en la mesa del Movimiento social de Mujeres de Cartagena y Bolívar en el año 2006. Existe la percepción de que “las organizaciones de mujeres dan un giro, se incrementa la formación y capacitación política para que atendiendo al contexto y fortaleciendo el empoderamiento las mujeres puedan exigir sus derechos; se incrementan los procesos de construcción y difusión  de las agendas de mujeres a través de Cabildos y Foros,  y se genera una dinámica de articulación muy poderosa” (Taller de reconstrucción de la experiencia”).
En el año 2014 es promulgada en el departamento de Bolívar la Política pública “Equidad de género y Autonomía de la Mujer Bolivarense”, la cual es  adoptada por la Ordenanza 29 del 2012, en la cual se dictan las disposiciones de formulación e institucionalización de la PP.

Esta política se propone desarrollar una estrategia de trasversalización/incorporación de la perspectiva de enfoque diferencial y de género, -que contemple la edad, sexo, etnia, orientación sexual, territorio urbano y rural, condición socioeconómica, situación de desplazamiento y condición de discapacidad funcional-, en el conjunto de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de la administración departamental para garantizar la igualdad de las mujeres, la no discriminación y la eliminación de la violencia en su contra, de manera que esto sea un reto de Desarrollo para el conjunto de la sociedad bolivarense y un objetivo de la administración pública.
A estas alturas, el Movimiento de Mujeres de Cartagena, considera importante hacer un análisis acerca de la brecha existente entre los planteamientos de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) aprobada por la cuarta Conferencia en 1995 y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001) y el funcionamiento del Estado colombiano, especialmente en sus niveles locales. ¿Cómo está, de hecho, siendo incorporada la institucionalidad de género? ¿Cómo operan los mecanismos de género en nuestra región, en qué escenarios actúan, con qué presupuestos cuentan, con qué asesoría técnica y con qué profesionales formados en el campo del género? ¿Cómo están siendo aplicadas y desarrolladas las leyes que protegen a las mujeres de la violencia (ley 1257/2008 y sus decretos reglamentarios; ley 1719 de 2014, sobre atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado…)? ¿De qué manera se aplican las medidas que favorecen la participación equitativa de las mujeres en espacios de decisión?   ¿Qué sucede con la implementación efectiva de las políticas públicas de mujer y género en el distrito y el departamento? ¿Cómo está siendo trasnversalizada la política pública nacional de Mujeres…?
El malestar experimentado por las mujeres ante el desanclaje entre las medidas proclamadas y la efectiva implementación de las mismas, es creciente. Urge tomar posiciones que sacudan la inercia y movilicen en torno a una institucionalidad de género que fortalezca el empoderamiento de las mujeres en la ciudad y el departamento.

 
Referencias
Mujeres Populares, saberes y poderes. Experiencias y aprendizajes de organizaciones de mujeres populares participantes en procesos de formulación e implementación de políticas públicas de mujeres y género, en Medellin, Bogota y Cartagena (2004-2011)
Valderrama Rubiela: Hacia una política pública de mujeres con perspectiva de género en el Distrito de Cartagena de Indias (1991-2003). Tesis de maestría. Universidad nacional de Colombia. Universidad de Cartagena 2008.
www.cidesd.org. – Documento Cidesd 06/2015.
 


[1] Este documento ha sido resumido para efectos de presentación y publicación por parte de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, el día 24 de Noviembre de 2015. El documento completo ha sido publicado por el Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo. www.cidesd.org. – Documento Cidesd 06/2015.
[2] Mujeres Populares, saberes y poderes. Experiencias y aprendizajes de organizaciones de mujeres populares participantes en procesos de formulación e implementación de políticas públicas de mujeres y género, en Medellin, Bogota y Cartagena (2004-2011)
[3] Valderrama Rubiela: Hacia una política pública de mujeres con perspectiva de género en el Distrito de Cartagena de Indias (1991-2003). Tesis de maestría. Universidad nacional de Colombia. Universidad de Cartagena 2008.


 
II. ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN CARTAGENA.


                                                                                                       Bexi Cruz Torrado

El presente artículo refleja una mirada a la institucionalidad de género en Cartagena desde los ojos de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, espacio de la sociedad civil organizada, que preocupada por los altos índices de violencia contra las mujeres, se plantea un estudio de los avances, logros y dificultades de la oficina para la mujer, entidad encargada de la implementación de la política pública de mujeres “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”, Programa de Desarrollo Social y su coordinación para la mujer, oficina encargada de la implementación de la política pública Mujer y Equidad de Género en el Departamento de Bolívar; y la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, encargados entre otras cosas de hacer acompañamiento y seguimiento a la implementación de la ley 1257 de 2008.
En ese sentido, este documento aborda un análisis del estado actual de la institucionalidad de género en relación con su accionar y la situación de las mujeres en la ciudad de Cartagena, tomando como base el informe de Naciones Unidas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, que plantea la consolidación de mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer a través la plataforma de acción[1], e igualmente en el nivel nacional con el establecimiento de la Ley 1257 de 2008 se definen algunas acciones concretas que en relación con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias asigna unas responsabilidades al Estado a través de las diferentes dependencias de salud, educación, trabajo y justicia.
En consecuencia, la ley 1257 de 2008 a nivel nacional y los planteamientos de la cuarta conferencia mundial para la mujer se tornan materializables con la definición de oficinas para la mujer que empiezan a liderar procesos de transversalización de género, que en palabras de Consuelo Arnaiz, se convertían en mecanismos de género que “deberían estar situados en posiciones jerárquicas de alto nivel y contar con recursos suficientes y autoridad para acceder a los espacios de decisión dentro y fuera del Estado, para incidir en las políticas públicas”, es así como con la gestión de Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – ACPEM se crea la Política Pública Nacional de Equidad de Género en Colombia en el 2013 y las políticas públicas en el departamento de Bolívar en 2014 y en 2008 la de la ciudad de Cartagena.
Estas políticas públicas serán abordadas en el presente documento, como instrumentos normativos centrales de la institucionalidad de género en Cartagena que contribuyen a alcanzar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, por lo que es necesario revisar sus “objetivos y metas, acciones y programas, y obviamente asignación de recursos presupuestales adecuados, y de técnicos y profesionales cualificados. En estos procesos de legitimación, institucionalización y transversalización del género en las políticas públicas, confluyen diversos escenarios (nacionales, locales, regionales…) actores e instituciones con estrategias de acción orientadas al fortalecimiento de las mujeres como actoras sociales y políticas” como lo plantea Consuelo Arnaiz.

Situación de las mujeres en Cartagena y Bolívar.

La violencia contra las mujeres es una práctica sistemática que se trasmite por los patrones sociales y culturales del orden de género que se sustentan en el patriarcado, lo que permite que se justifique, naturalice, invisibilice y perpetúe.  Una forma clara de expresión de estas violencias es a través del delito de feminicidio, que es la acción de causar muerte a una mujer por motivos relacionados con su sexo o género y en el que median como lo establece la ley 1761 de 2015, circunstancias como el tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima o el ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

En consecuencia, en Colombia durante el 2015 según datos del INMLCF[2] fueron asesinadas 1.158 mujeres y de estas en 145 casos, el agresor fue su pareja o expareja y en 6 casos las circunstancias de hecho fueron alrededor de un acto violencia sexual, cometiendo feminicidios en 13% de los casos, según datos del COSED[3], 24 de esos casos ocurrieron en Cartagena y en 15 la modalidad fue pasional, violencia intrafamiliar y de género.

Por su parte, según el INMLCF a nivel nacional de los 75.939 exámenes de reconocimiento médico - legal en clínica forense en casos de violencia intrafamiliar, 48.849 es decir el 64,33% correspondieron a casos de violencia de pareja, de los cuales 41.802, un total 86% fueron cometidos contra las mujeres, por su parte en Cartagena se reportaron 924 casos, 855 contra mujeres y 69 contra hombres. El COSED reporta que en la ciudad, en el 60% de los casos las víctimas de la Violencia Intrafamiliar son mujeres maltratadas por hombres con los que comparten un tipo de relación sentimental, sea matrimonio o relación marital de hecho. Pág. 20

En lo que respecta a exámenes medico legales por presunto delito sexual se reportan en Colombia 21.115, de los cuales más del 85% (17966) fueron cometidos contra mujeres, en Cartagena se identificaron 437 contra el género femenino de 504 casos. Obviamente el objetivo de mostrar estas brechas de género en cuanto a la práctica de la violencia, no está relacionado con la promoción igualitaria de la misma entre hombres y mujeres, sino en evidenciar como la violencia contra las mujeres se ejerce de manera sistemática en el espacio privado y se socializa desde el entorno familiar normalizándola y aceptándola, por lo que es necesario activar los mecanismos institucionales de género que den pie a la desnaturalización de esta práctica, la atención integral de las mujeres y el acceso a la justicia. 


Entidades que hacen parte de la institucionalidad de Género en Cartagena.

Naciones Unidas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing a través de la plataforma de acción, plantea que los mecanismos institucionales de género tienen como objeto diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer (pág. 91), sin embargo, reconoce que en esa implementación de las políticas a estos mecanismos se les presentan una serie de obstáculos relacionados con la falta de compromiso de los niveles superiores, los limitados recursos económicos, así como la no aplicación y transversalización de la perspectiva de género, por lo tanto:

Para lograr un funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que: a) Se los considere en las instancias más altas de gobierno que sea posible, y que estén bajo la responsabilidad de un ministro del gabinete; b) Existan mecanismos o procesos institucionales que agilicen, según proceda, la planificación descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, empezando por las de base; c) Se disponga de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional; d) Haya oportunidades para ejercer influencia en la formulación de todas las políticas gubernamentales. Pág. 91- 92

A partir de dichos planteamientos, es necesario analizar cómo funciona la institucionalidad de Género en Cartagena, partiendo de la Oficina de la Mujer que es el mecanismo de género que se encarga de implementar la Política Publica de Mujeres Cartageneras en Pleno Goce de nuestros Derechos; igualmente se hace un análisis de la oficina encargada de implementar la Política Pública Mujer y Equidad de Género en el Departamento de Bolívar; por su parte aunque no es la entidad responsable de cumplir la ley 1257 de 2008 y la ley 1719 de 2014, también se indagó para la construcción de este documento sobre el trabajo que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo en el acompañamiento a mujeres víctimas.

Oficina de la Mujer en Cartagena

La oficina de la mujer en Cartagena de Indias, nace en la administración de Carlos Díaz Redondo en el 2003, como una oficina adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social que plantea una necesidad en el grupo de familia y que implementa dos proyectos específicamente atención a la mujer en condición especial y formación sociopolítica para mujeres y que se mantiene por lo menos durante 5 años, que en términos operativos ofrecía capacitaciones a mujeres en artes y oficios tradicionalmente ejercidos por las mujeres madres de familias, atención a niñas adolescentes embarazadas, formación ciudadana. Actualmente mantienen la misma estructura organizativa con la diferencia que direcciona y desarrolla la Política Publica de Mujeres Cartageneras en Pleno Goce de nuestros Derechos, promulgada durante el mandato de Judith Pinedo Flórez en el 2008.
Actualmente la oficina cuenta con 6 personas de planta dentro de esas la Coordinadora de la Oficina de la Mujer Carolina León Núñez y 25 personas con contrato de Orden de Prestación de Servicio - OPS[4], en los cuales hay profesionales en trabajo social, psicología, derecho y otros que son acorde a las necesidades de los programas y proyectos. Funciona en una oficina pequeña arrendada por la alcaldía, el equipo mobiliario y tecnológico con el que cuenta, ha sido producto de la gestión que independientemente han venido realizado desde la oficina, o en articulación con otras organizaciones que retribuyen con equipamiento por la labor realizada. Actualmente la oficina de la mujer esta descentralizada en la Alcaldía local de Santa Rita y Chiquinquirá.

Asesora encargada de la Política Pública Departamental
Debe empezarse por aclarar que en la ciudad algunas dependencias de la administración pública departamental y distrital, del Estado e incluso las mismas organizaciones de mujeres creían que existía una dependencia de Alta Consejería Departamental para la Mujer, hecho que fue promovido en algunas ocasiones por funcionarios/as de la Gobernación en espacios de representación que se hacían y que involucraban a esta dependencia.
Lo cierto es que la Alta Consejería Departamental para la Mujer como tal no existe, lo que actualmente encontramos es un Programa de Desarrollo Social que tiene una dirección y dentro de este programa existen unas coordinaciones en Infancia, Juventud, Género, Discapacidad y 3era edad. Es decir existe una persona contratada por la Gobernación de Bolívar que se encarga de implementar y desarrollar algunas acciones de la PP departamental.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es una entidad del Ministerio Público que promueve e impulsa la garantía de los derechos humanos de la población, específicamente en el tema que nos atañe en relación con las mujeres en entrevista realizada a Yuranis Cogollo Capela la Defensoría tiene funciones en cuanto a la “promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos… con acciones defensorías que la principal es brindar asesoría jurídica y defensa técnica en el tema de mujer en varios sentido, la primera a mujeres privadas de la libertad (un abogado completamente gratuito que va a ejercer su defensa técnica en el proceso judicial)… y la otra función es brindar asesoría jurídica en todo el tema de víctimas del conflicto armado pero también eh todas las personas que necesiten orientación en distintos aspectos, en el área laboral, civil, lo que necesiten”. 
La ley 1257 de 2008 asigna unas funciones concretas a la Defensoría y creo una dependencia exclusiva para las mujeres que es la Delegada para los derechos de la Mujer y asuntos de género[5] espacio desde el cual se tiene una dupla de género conformada por un profesional en Derecho y Psicología que tienen formación en temas de género para acompañar a mujeres víctimas de violencia en razón de su sexo o por el conflicto e incluye a personas del grupo poblacional LGBTI.
La defensoría cuenta con un programa de defensores de victimas siguiendo los lineamientos de la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1448 de 2014, esto incluye representación jurídica hasta el final del proceso penal, e igualmente se activa la ruta de atención cuando se conoce el caso y se hace seguimiento para que se cumplan las medidas de protección y atención que han sido asignada a la víctima.
Según información suministrada por Yuranis Cogollo en la entrevista, se resaltan como logros en esta labor destacan la atención en el año 2014 de 60 mujeres víctimas de violencia de género, incluye casos como ejercicio arbitrario de la custodia; en el año 2015 a 30 de octubre llevan 120 casos que son remitidos por la Comisaría de la Familia o personas independiente que conocen del trabajo de la Defensoría; cuentan con 12 representantes de víctimas en violencia sexual y de género; acompañamiento psicosocial y a través de talleres a mujeres de diferentes municipios de Bolívar; duplas de género en las casas de justicia que se encargan de activar la ruta en los casos detectados; y articulación con la asesora para las mujeres en el que se capacitó a dos funcionarias de la Defensoría en el diplomado sobre la Ley 1257 de 2008 que se adelanta desde el departamento; 
Dentro de los obstáculos que identifican en el ejercicio de su labor y que no están en relación con la misma Defensoría, pero si con su trabajo de articulación con las entidades competentes de garantizar los derechos: los relacionados con la demora en la respuesta de entidades como la Oficina de la Mujer que debe hacer las gestiones en el tiempo con las entidades encargadas de dar apoyo a las mujeres víctimas y dar las orientaciones necesarias que en algunos casos se ha identificado no han sido eficientes en el direccionamiento y articulación con todas las entidades de la misma administración pública; igualmente persiste demora en la atención en justicia y debida diligencia en los proceso a mujeres víctimas y judicialización de los agresores.

Implementación de la política pública distrital, departamental y nacional

A continuación se hace una relación de los avances en el cumplimiento de las políticas públicas Cartageneras en Pleno Goce de nuestros Derechos y Mujer y Equidad de Género en el Departamento de Bolívar.

Política Pública de Mujeres Cartageneras en Pleno Goce de nuestros Derechos:

De las acciones consignadas en la Política Publica de Mujeres Cartageneras en Pleno Goce de nuestros Derechos actualmente se están desarrollando 3 programas: Mas mujeres emprendedoras, Una vida libre de Violencias y Participación para la Representación. De las acciones consignadas en la PP según lo manifestado en entrevista realizada a Carolina León se ha cumplido en un mayor porcentaje ese número de acciones por ejemplo en Cartagena Libre de una Cultura Machista tenemos la Escuela Libre de Sexismo que la hacemos en las instituciones educativas con los niños y las niñas, hacemos la socialización de la Ley 125, tenemos escuelas de mujeres, hemos hecho el modelo terapéutico con hombres, estamos implementando los hogares”
Igualmente se resaltan como logros significativos dentro de la Oficina de la Mujer en el proceso de implementación de la PP, los siguientes:
-          Atención a las mujeres desde la perspectiva de derechos, pues antes se hacía desde un enfoque tradicional y de familia.
-          El acompañamiento y acercamiento a las víctimas del conflicto armado, su atención psicológica y jurídica.
-          La implementación e instalación de los hogares de paso, a través de Fundación para el Desarrollo Integral del Caribe - FUNDECARIBE quienes acompañan a nivel psicológico, con alimentación y asesoría jurídica a 20 personas incluidas mujeres, sus hijos e hijas en estos dos últimos meses. Periódicamente se va renovando en la medida que llegan los recursos, ejemplo de ello es que anteriormente se beneficiaron por 3 meses a 25 mujeres y sus familias.
-          Ejecución presupuestal de $1.900.000.000 en estos dos años de administración, los cuales que ha venido subiendo gradualmente.
-          Tienen el acompañamiento específicamente en víctimas del conflicto armado de Claudia González que es Asesora para la Región Caribe de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer –ACPEM.
-          Trabajo en articulación con el Comité de Seguimiento al Auto 092 de 2008, con quienes han realizado una escuela en el barrio Bicentenario, tienen un espacio físico en el hogar de paso, un plan de acción para mujeres víctimas que le queda a la nueva administración. La idea es que con el proceso de formalización del comité que se está acompañando, la idea es que las mujeres que lo integran en un futuro puedan capacitar a otras mujeres en lo que respecta a la ley 1719 de 2014.
-          Participan en el comité unificado de seguimiento a la ley 1257 de 2008[6].
-          Hacen parte del Consejo de Política Social a quienes se le ha presentado informe 
-          Articulación para el acompañamiento a mujeres con la Defensoría, Secretaria del Interior, DADIS y la Policía Nacional.

Dentro de los obstáculos que se reconocen en la implementación de la política, Carolina León identifica:
-          El no establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación a la PP que permitan medir en términos cuantitativos y cualitativos los resultados y el impacto logrado en relación a los programas, proyectos y acciones que está contempla, lo cual dificulta incluso un proceso efectivo de rendición de cuentas.
-          La dependencia organizativa y administrativa de la Oficina de la Mujer a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, que dificulta la asignación de mayores rubros, la transversalización de la PP y que obedece al secretario/a de turno que en muchas ocasiones no maneja una perspectiva de género y de derechos.
-          La no creación de una Secretaría de la Mujer.
-          Con los cambios de administración siempre toca capacitar a los y las funcionarios/as de la oficina, pues en la mayoría de los casos no tiene el enfoque de género, sensibilidad frente a los derechos de las mujeres y conocimiento de la normativa que regula estos derechos.
-          El tema de recursos pues no se puede impactar a mayor población beneficiarias.
-          No existe una voluntad política para la transversalización en la implementación de la PP.
-          No hay visibilización del trabajo realizado.
-          En algunos casos sienten discriminación a nivel laboral, pues no se tiene en cuenta las dificultades que al interior de la oficina se tiene para el cumplimiento de las acciones y los reproches recaen en cierta sobre cada integrante en lo personal.

Política Pública Mujer y Equidad de Género en el Departamento de Bolívar:

Dentro de las acciones realizadas en el marco de esta PP, resaltan la socialización de la misma política en los diferentes municipios y que promueve la descentralización de la misma; las acciones académicas y formativas de la Ley 1257 de 2008 a través del diplomado adelantado con la Corporación Universitaria Rafael Núñez en el que se beneficiaron 250 personas; la implementación de una red de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia en María la Baja, San Juan y El Carmen de Bolívar; la creación de una ruta de atención a mujeres víctimas de violencia psicológica en Arjona; la implementación de la campaña de sensibilización “Gritemos Juntas, Ni una más”; y la articulación con la Secretaria de Víctimas de violencia, Secretaría del Interior, Secretaria de Salud, Educación, aunque no se especifica específicamente en qué consiste la articulación.
Asimismo, participan en el comité de prevención de violencia sexual a niños, niñas, adolescentes y violencia de género, en el comité descentralizado de la ley 1257 de 2008 y en el comité intersectorial departamental.

Se distinguen como obstáculos en la implementación de la política que no existe un ente rector o mecanismo de género encargado de garantizar su ejecución y transversalización en el departamento; no existe una adecuada articulación con las organizaciones sociales; no se evidencia compromiso en las administraciones municipales por diseñar una PP propia que se rija u oriente por la departamental; requiere de mayores recursos económicos, técnico, tecnológicos y de profesionales especializados que se encarguen de apoyar en la implementación de la PP.


Reflexiones y conclusiones

Es necesario reforzar el trabajo de atención a las mujeres víctimas, pues las estadísticas demuestran que cada vez son más las afectadas por esta problemática y como lo plantea el informe del Comité Nacional Descentralizado de Seguimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008[7] en marzo de 2015:
Aunque se observa un acercamiento por parte de los departamentos y municipios a la implementación de la Ley de no violencia contra la mujer y algunos acercamientos a la Ley de los derechos de las víctimas de violencia sexual en especial en el conflicto armado, las cifras de violencia alertan sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención las cuales deben superar las acciones de sensibilización y capacitación.
No existe una articulación en la práctica de las políticas públicas de mujeres en la que se supone, debería existir una relación entre la departamental con la distrital, pero sobretodo no existe una relación en el tema de mujeres como constructoras de paz que es un punto transversal en la política pública de mujeres a nivel nacional.
Como lo establece el Comité Nacional Descentralizado de Seguimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, es importante que se cumpla por parte de las oficinas encargadas de implementar las PP en lo distrital y departamental  su rol articulador de la institucionalidad y sostenga un diálogo con los grupos de mujeres, entre otras tantas tareas que implica dar cumplimiento a la Ley 1257 de 2008 para garantizar una vida libre de violencias  esto porque las organizaciones de mujeres conocen de cerca las problemáticas del género femenino, pero sobretodo porque en la práctica están en contacto permanente y realizan acompañamiento a mujeres víctimas. 

Es evidente que aunque existen avances en la implementación de las PP en el Departamento y la ciudad, los mecanismos de género encargados de diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer (pág. 91) presentan dificultades en su funcionamiento relacionados con los mismos obstáculos reconocidos en la conferencia de Beijing en cuanto a la voluntad política de las administraciones, el acceso a recursos acordes a los programas y proyectos planteados y la transversalización del enfoque de género. 




















Referencias bibliográficas

Arnaiz Consuelo, 2015. La Importancia de la Institucionalidad de Género y sus Mecanismos. Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo. www.cidesd.org. – Documento Cidesd 06/2015.
Centro de Observación y Seguimiento del Delito - COSED, 2015. Diagnóstico General de la situación de violencia y criminalidad en Cartagena de Indias 2008 – 2014. Cartagena de Indias.
Comité Nacional Descentralizado de Seguimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008. Informe marzo de 2015.
Congreso de Colombia, 2015. Ley 1761 de 2015. Bogotá.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015. Forensis 2014: Datos para la vida. Bogotá, Imprenta nacional.
Naciones Unidas, 1996. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. Nueva York.


[1] La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. Naciones Unidas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, pág. 7
[2] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
[3] Centro de observación y seguimiento del Delito
[4] Es el contrato que se realiza para la prestación de unos servicios personales o profesionales para la realización de unas actividades o cumplimientos de unos productos específicos.
[5] Es una unidad asesora del Despacho del Defensor del Pueblo encargada de asesorarle en lo relacionado con la divulgación protección y promoción de los derechos humanos de los grupos a su cargo, así como con el seguimiento de las políticas públicas que propenden por su realización efectiva. Página web de la Defensoría del Pueblo
[6] En este comité hacen parte la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Oficina de la Mujer, Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS, Personería y organizaciones de mujeres.
[7] Este comité está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Representantes de las Organizaciones de Mujeres, para hacer seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008, tal como lo establece en su artículo 35.